¿Qué dice sobre la actual crisis fiscal y los impuestos? Un problema estructural del país es el elevado déficit fiscal, que se cerraría en 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2017, situación que pone en riesgo el financiamiento del desarrollo humano.
Acción Ciudadana tiene 32 propuestas específicas en esta materia. Se plantean “reformas al impuesto de renta con el componente de renta global y renta mundial, para generar un sistema más progresivo -que contribuya más quien más tiene-, así como la transformación del impuesto de ventas en impuesto de valor agregado (IVA), con un componente de devolución hacia los deciles de población de menor ingreso, para modernizar la estructura tributaria -al gravar el sector servicios, el más dinámico del país- y elevar la recaudación.
También se formula “una reforma del empleo público con una orientación de hacer más lo público, en materia de sus funcionarios y los bienes y servicios que dan a la sociedad para su bienestar y crecimiento”. En materia de administración tributaria se propone “adoptar las mejores prácticas tributarias de los países que pertenecen a la organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE), para garantizar una recaudación eficiente de los impuestos existentes y con facilidad para las personas contribuyentes”.
Otra de las propuestas es la ejecución de un modelo de gestión por resultados dentro del Estado “que incluye la presupuestación por resultados, hasta incorporar al menos a la mitad de los ministerios relevantes dentro del gasto público como el MEP, MOPT, Seguridad Pública o Justicia”.
¿Qué dice sobre la generación de empleo? El país tiene problemas para generar empleos de calidad, lo que se refleja en altas tasas de desempleo (7,5% en 2017) y en un crecimiento del sector informal. Más y mejores empleos tendría un efecto directo en la reducción de la pobreza.
Fue posible contabilizar 29 propuestas sobre empleo en el plan de gobierno del PAC. Una de las principales es la generación de empleo con enfoque regional “mediante el establecimiento de clusters económicos que potencien la inversión, nacional y extranjera, en diversas regiones del país, no solo en la GAM, a través de estrategias regionales de desarrollo y competitividad de largo plazo. Esto se hará mediante la alianza de lo público y lo privado, cadenas de valor, énfasis en el valor agregado y una adecuada oferta de condiciones, infraestructura y recurso humano”.
Se propone ampliar la capacidad del Ministerio de Trabajo (MTSS) “para la inspección laboral mediante recursos tecnológicos y más cantidad de personas inspectoras con la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la legislación laboral en cuanto a los salarios mínimos, los derechos laborales y la formalidad”.
Para reducir la informalidad en el empleo la opción sería “establecer un programa para la formalización de microempresas mediante la exoneración temporal de sus aportes a FODESAF e IMAS”.
También se plantea “fortalecer alianzas público-privadas para el empleo, contemplando las necesidades de empleabilidad y brindando educación técnica consistente a la demanda de mano obra existente en el país” e “impulsar actividades productivas que sean intensivas en trabajo, mediante políticas de incentivos selectivos (por ejemplo, créditos, incentivos fiscales, capacitación, etc.)”.
Créditos: En el análisis y sistematización de este programa de gobierno participaron: Steffan Gómez, María Estelí Jarquín, Elías Chavarría, Juan Pablo Sáenz y Daniel Castillo del PEN; y José Pablo Badilla, Daniela Bolaños, Karlissa Calderón, Abraham Cisneros, Steffany Gómez y Andrea Soleibe de la ECP-UCR.