¿Qué dice sobre la actual crisis fiscal y los impuestos? Un problema estructural del país es el elevado déficit fiscal, que cerraría en 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2017, situación que pone en riesgo el financiamiento del desarrollo humano.
El Frente Amplio tiene 83 propuestas específicas en esta materia. El plan de gobierno señala que el “sistema tributario deberá ser reformulado tomando en cuenta los siguientes criterios: equidad y justicia en la distribución de las cargas tributarias, promoción del ahorro y de la eficiencia y productividad en la economía y el desestimulo a las formas de consumo e inversión que tienen implicaciones ambientales dañinas o consecuencias sociales y económicas poco deseables. La reforma fiscal para hacer frente al déficit fiscal debe constituir, al mismo tiempo, una reconstrucción del pacto social costarricense, una reconstrucción que permita avanzar hacia una sociedad más justa y solidaria.”
El aumento en los ingresos tributarios del Gobierno Central se logrará mediante: “a) un aumento de los tributos sobre las grandes rentas y riquezas, b) reformas legales necesarias para fortalecer las herramientas de lucha contra el fraude fiscal, la evasión y elusión, y c) medidas fiscales para la reactivar la producción nacional”.
Se apoya pasar del actual impuesto general sobre las ventas a un impuesto al valor agregado (IVA), manteniendo la tarifa actual del 13%, que grave tanto bienes y servicios de forma generalizada, pero apoya esta reforma solo si el impuesto no recae sobre bienes y servicios básicos (canasta básica alimentaria, servicios de salud y educación, por ejemplo). También plantean establecer un mecanismo de IVA personalizado, que permita realizar una devolución a los hogares pertenecientes a los dos quintiles de menores ingresos.
Entre las medidas que proponen valorar dentro de la discusión sobre reforma fiscal es “un recargo al impuesto sobre ganancias de las grandes empresas dedicadas al negocio de la salud privada (incremento al 35%, donde los cinco puntos porcentuales adicionales financiarían el aporte estatal); o un incremento al 20% del impuesto sobre ganancias de capital, donde un porcentaje se destinaría al financiamiento del aporte estatal a la CCSS.” Otra propuesta es que las empresas en régimen de zona franca paguen el impuesto del 15% sobre los dividendos que repartan.
En materia de gasto, “si bien el Frente Amplio sostiene que el recortismo no es ni técnica ni políticamente una vía correcta para solucionar, con justicia, el problema del déficit fiscal, creen que es necesario y posible suprimir gastos que solo privilegian a las castas políticas”. También apoyan medidas para poner tope a los salarios de los altos jerarcas de los entes públicos.
En materia de administración tributaria proponen impulsar la profesionalización de las aduanas del país, con el fin de mejorar sus sistemas de gestión y operación; y promover la revisión y discusión política de las exoneraciones vigentes, para establecer con criterios claros cuales de esos beneficios tributarios deben permanecer vigentes, considerando su impacto social y productivo.
¿Qué dice sobre la generación de empleo? El país tiene problemas para generar empleos de calidad, lo que se refleja en altas tasas de desempleo (7,5% en 2017) y en un crecimiento del sector informal. Más y mejores empleos tendría un efecto directo en la reducción de la pobreza.
El FA dedica 70 propuestas específicas sobre este tema. Las propuestas sobre empleo pretenden generar “esquemas de estímulos apropiados a fin de propiciar la atracción de aquel tipo de inversiones que favorezcan la generación de empleos de calidad; el impulso al desarrollo de las regiones más pobres y económicamente rezagadas; la transferencia de tecnología; el desarrollo de encadenamientos productivos y el respeto a la naturaleza”.
Se promueve una política que incentive “mediante la cuenta de capital el favorecimiento de las inversiones a largo plazo que contemplen la formación de capital humano y la existencia de encadenamientos productivos”. Asimismo, es interés del FA “brindar asesoría y enlaces para el encadenamiento productivo y tecnológico con las empresas nacionales privadas o públicas y extranjeras”.
En el plan de gobierno también se apoya “impulsar un sistema de información, orientación e intermediación del empleo ubicado en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) con representantes de los trabajadores, de los empleadores y de las instituciones de fomento de la producción nacional y las exportaciones (COMEX, MAG, MEIC, etc.)”.
Otro de las acciones sería “desarrollar un fuerte programa de incentivos (acceso preferencial al crédito para el desarrollo; acceso a puntos adicionales en programas de compras del Estado; capacitación y transferencia de tecnología; simplificación de requisitos y trámites, entre otros) para fomentar que las pequeñas y medianas empresas contraten personas jóvenes con todas las garantías y derechos laborales a pesar de no tener experiencia suficiente”.
En cuanto a la fiscalización del Estado se propone “estimular los programas de inspección laboral garantizando cobertura al territorio nacional con el fin de velar por el cumplimiento de la legislación en procura de los derechos de las personas trabajadoras”, entre otras propuestas.
Créditos: En el análisis y sistematización de este programa de gobierno participaron: Steffan Gómez, María Estelí Jarquín, Elías Chavarría, Daniel Castillo y Natalia Morales del PEN; y Karlissa Calderón, Daniela Bolaños, Abraham Cisneros, Laura Vargas, Andrea Soleibe, Fernanda Durán, Marcelo Chinchilla, Ludwig Hall, Sofía Beeche, Andrés Palma, Gabriel Durán de la ECP-UCR.