¿Qué dice sobre la actual crisis fiscal y los impuestos? Un problema estructural del país es el elevado déficit fiscal, que cerraría en 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2017, situación que pone en riesgo el financiamiento del desarrollo humano.
El PLN tiene 23 propuestas específicas en esta materia, la cual es central para la consecución del proyecto político debido a que el “programa de gobierno está diseñado con la expectativa de que, en los primeros meses de gobierno, se logre aprobar una reforma fiscal suficiente para colocarnos en una senda hacia la sostenibilidad fiscal”. Para iniciar, “el frente externo nos abriría las puertas al financiamiento multilateral para el apoyo fiscal mientras se termina de implementar la reforma; permitiría además una mejor calificación de nuestra deuda para atender, sin gran costo, los vencimientos de la deuda externa que le corresponderá asumir al próximo gobierno; y también disminuir la presión sobre las tasas de interés domésticas”.
En materia de impuestos se propone “reorganizar la estructura impositiva y hacer más eficiente y eficaz la recaudación, mediante el control estricto de la evasión y la elusión fiscal, la reorganización del proceso de gestión de las exenciones y la revisión periódica de las mismas, y la transformación del impuesto general sobre las ventas en un moderno impuesto sobre el valor agregado, que cubra toda la base con pocas exenciones o con una tarifa mínima a los bienes y servicios meritorios que permita generar una recaudación eficiente”. También se plantea “la simplificación del impuesto sobre la renta, para darle más progresividad, equidad y efectividad”, y que las ganancias de capital paguen “el 15%, mientras que se debe buscar un gravamen neutral al emprendimiento, así como con mayor equidad horizontal y vertical en el gravamen a las personas físicas o beneficiarios finales”.
Por el lado de los gastos el plan de gobierno sugiere “medidas para controlar y contener los principales rubros del gasto público, en particular el gasto en pensiones, transferencias corrientes y salarios, incluidos especialmente la racionalización de los beneficios adicionales al salario, también denominados ´pluses`, garantizando, en todo momento y para todos los casos, los derechos adquiridos”, sin embargo, no se especifican las políticas concretas en este punto.
En administración tributaria se pretende “fortalecer las capacidades de la Dirección General de Tributación y la del Sistema Nacional de Aduanas, por medio de las tecnologías más avanzadas y resilientes, son elementos centrales y prioritarios para mejorar de manera sustantiva los ingresos fiscales y la transparencia en su recaudación”.
¿Qué dice sobre la generación de empleo? El país tiene problemas para generar empleos de calidad, lo que se refleja en altas tasas de desempleo (7,5% en 2017) y en un crecimiento del sector informal. Más y mejores empleos tendría un efecto directo en la reducción de la pobreza.
El PLN plantea 43 propuestas específicas sobre este tema. Su principal promesa es la creación de 150.000 nuevos empleos. Para ello se plantea una “estrategia nacional de empleo” que consiste, entre otros aspectos en “un conjunto de iniciativas vinculadas con la generación de empleo, pero también de modernización del aparato productivo, sus sectores y las regiones, los sistemas de apoyo y de los factores que afectan la competitividad”.
Entre las acciones concretas “para atacar principalmente las limitaciones para ingresar a los puestos de trabajo en el sector formal de las personas con educación secundaria incompleta planteamos un programa especial de educación dual liderado por el INA”. También se aspira a “promover un programa de encadenamientos productivos, denominado ´Costa Rica Compra`, y reconocer, mediante la incorporación de incentivos, la acción de empresas de mayor tamaño que incorporen en sus cadenas de proveedores la participación de empresas PYMES”.
Otra de las políticas sería “gestionar y asignar recursos para la promoción de PYMES con potencial de encadenamientos productivos y generación de empleo a nivel local y regional”, así como el “impulsar políticas de fomento de las empresas cooperativas como una opción de administración y gestión de los servicios públicos, así como la contratación de cooperativas de trabajadores en la construcción y mantenimiento de la infraestructura nacional mediante el esquema de cogestión estado–cooperativismo”.
En materia productiva se propone, “seleccionar aquellas actividades con mayor potencial para desarrollar clústeres, utilizando como criterios el que las actividades sean capaces de generar importantes fuentes de empleo directo o indirecto; tengan un conjunto de empresas tractoras, con alta capacidad de arrastre mediante encadenamientos hacia atrás; tengan un perfil exportador que se caracterice por una adecuada capacidad de generar valor agregado doméstico y un comportamiento dinámico en el pasado reciente o un potencial notorio; y estén interesadas en interactuar con centros de investigación o tecnológicos, así como con instituciones públicas de apoyo a las actividades productivas”.
Créditos: En el análisis y sistematización de este programa de gobierno participaron: Steffan Gómez, Elías Chavarría y María Estelí Jarquín del PEN; y Karlissa Calderón, Daniela Bolaños, Abraham Cisneros, Laura Vargas, Andrea Soleibe, Fernanda Durán de la ECP-UCR.